jueves, 21 de febrero de 2013

LATIFUNDIO EN CERRO QUEMA

 

Durante gran parte del período colonial, la unión a Colombia y la vida republicana, la zona que se conoce como Azuero experimentó pocos acaparamientos de tierra. Incluso las propiedades de la Iglesia Católica, hasta mediados del Siglo XIX, nunca lograron compararse con las haciendas que se observaron en otras latitudes nacionales. En general el latifundio –la gran propiedad- no fue un rasgo distintivo de la estructura agraria regional. Al contrario, lo propio de esta sección ístmica fue el minifundio o parvifundio, es decir, la pequeña propiedad. Lo cual no niega que se pudieran encontrar algunos territorios cuyas dimensiones fueran más allá de lo común.
Siempre he pensado que esta modalidad de la tenencia de la tierra ha tenido una profunda repercusión sobre la conciencia del santeñismo. Me refiero a esa forma de vida que ha encarnado en un parroquiano orgulloso de su estirpe e identificado con la cultura nativa. En efecto, hasta bien entrado el Siglo XX el minifundio es un factor determinante en esa conciencia de la orejanidad. Por ello, sostengo, la ruptura contemporánea de esa estructura agraria corroe las bases sobre la que se sustenta la identidad cultural a la que hago alusión.
De lo dicho se colige que el latifundio, además de ser un factor disociador, constituye una estructura perversa y deshumanizante. En Los Santos y Herrera este tipo de propiedad socaba los cimientos del proyecto de vida que ha sido la norma en los últimos cinco siglos. Sin entrar a discutir lo traumatizante de la gran propiedad, a la altura de este momento histórico lo que interesa es dejar constancia sobre lo que está aconteciendo en la península de Belisario Porras Barahona y Ofelia Hooper Polo.
Si el investigador revisa con ojos escrutadores la tenencia de la tierra regional, encontrará que el mayor latifundio de la zona es propiedad de la empresa minera que asienta sus reales en Cerro Quema. Excepción hecha de las antiguas propiedades de la Tonosí Fruit Company (empresa que hasta mediados del Siglo XX se apropió de casi todas las tierras del Valle de Tonosí, fecha cuando fueron devueltas al Estado) nadie ha tenido más tierras por estos lares; nada menos que 14,893 hectáreas de explotación minera. Ni al más desquiciado de nuestros geófagos peninsulares soñó jamás con un potrerito de ese tamaño. En efecto, desde el Macizo del Canajagua, la empresa muestra su músculo agresor al resto de los agricultores y ganaderos a quienes esas mismas tierras les costaron sudor y lágrimas, luego de centenarios esfuerzos para poder poseer los pequeños fundos en los que habitan.
Para quien mira desde la costa el centro y occidente peninsular, toda esta propiedad aparece oculta detrás de la mole del Canajagua, el cerro más emblemático de la cultura santeña. Y, ¡ay del promontorio!, si llegara a tener algún gramo de oro, porque lo harían papilla bajo el argumento de la generación de empleo, el respeto a la propiedad privada, la conservación ambiental y las raciones alimenticias servidas a párvulos inocentes que no comprenden cómo detrás de cada obsequio empresarial se oculta el valor de una onza de oro, es decir, la aurífera y abyecta codicia minera.
Si los istmeños permitimos que se desarrolle el proyecto minero, aparte de las secuelas ambientales (ruido, polvo, contaminación de ríos y quebradas, etc.) y el saqueo del oro por una suma bruta que supera los mil millones de balboas, hay otra dimensión de la problemática que no ha sido sopesada y que conviene subrayar. Me refiero a la incidencia del latifundio sobre la estructura agraria, social y política. Una empresa de esta magnitud, como ya se está viendo en la práctica, no se contentará con el  despojo del oro, sino que tratará que su poder económico extienda su brazo al control político, para continuar gozando de los privilegios que le otorga la ley minera. Así lo hará porque Cerro Quema no es la única mina que aspiran a explotar. Por allí está La Pitaloza, en la Provincia de Herrera y otras que aparecerán del filón aurífero que baja de Veraguas.
En el plano social veremos la transformación de la peonada campesina en peonada minera. Los santeños, de dueños y señores de su tierra (aunque fueran minifundios poco productivos), quedarán dependiendo de los jerarcas mineros, temerosos de que les despidan y, en consecuencia, dóciles al mandato de los nuevos amos que ya no viajan en carabelas, sino que vigilan el cerro desde helicópteros angurrientos.
Yo no sé qué harán mis paisanos de la costa y la montaña, así como los profesionales que crecieron conmigo comiendo ciruelas corraleras y tuvieron la suerte de ollar Europa y otras latitudes. En lo que a mi concierne continuaré en contra del saqueo de nuestros recursos, así como de las pretensiones mercantilistas de los nuevos filibusteros de la era moderna.
......mpr...

1 comentario:

Joao Q dijo...

Excelente artículo.
Saludos Profe, Joao