domingo, 27 de enero de 2008

CERRO QUEMA: LOS SANTEÑOS Y SUS LUCHAS CONTRA LA MINERÍA


La agricultura y la ganadería son las actividades económicas que en los últimos quinien­tos años han predominado en las provin­cias de Herrera y Los Santos; aunque tal hegemonía agropecua­ria no excluye el aporte económico de otros rubros. Así, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX diversos productos se han sumado a la contribu­ción que la región hace al país.
Esta realidad - poco estudiada y no siempre comprendida-, contrasta con las afir­maciones en las que se sostiene que la población azue­rense ha sido reacia a la introduc­ción de nuevas tecno­logías; desconociendo que en la horticul­tura tenemos un vivo ejemplo de la recep­tividad provin­cial a las inno­vacio­nes agrope­cua­rias.
Hoy día, y a contrapelo de la vieja tradi­ción productiva peninsu­lar, el Estado intenta diversificar la producción introduciendo la minería en la región. Como sabemos, este proceder ha generado reac­cio­nes de los grupos sociales que se consideran afectados por la naturaleza contaminante de la actividad minera.
La intensidad y vehemencia con que los santeños expresan su protesta suscita en la comunidad nacional no pocos interrogan­tes que ameritan respuestas. Entre ellos los siguientes: ¿ Cómo se explica que un proyec­to minero, su­puesta­mente encaminado a promover la diversidad pro­duc­tiva, haya gene­rado tantas protestas de los sec­tores populares santeños?. ¿Acaso existe en todo ello un malsano propó­sito de rechazo al cambio so­cial que pregonan los personeros de la moderni­za­ción y la globalización?. ¿Qué razones aducen los santeños para rechazar el proyecto?. ¿ Quién es Minera Cerro Quema S.A.?. ¿ Cuáles son los antecedentes de la minería en la Península de Azuero?.
Con el propósito de clarificar tales interrogantes, y de contri­buir al debate que la mine­ría ha generado en nuestra nación, las ideas que expongo van encamina­das a dilucidar erróneas percepciones sobre el tópico y pretenden lograr una aproximación al polémico tema de la minería en la Península de Azuero. En lo medular el trabajo aspira al logro de los siguientes objetivos:
a. Determinar la trayectoria histórica de la minería en Azuero.
b. Indicar las verdaderas razones que animan a la empresa minera.
c. Exponer las razones opositoras del Frente Santeño Contra la Minería.
Todo lo anterior en el entendimiento de que el autor del escrito es parte interesada y no escapa - ni como profesio­nal ni como santeño-, al ineludible deber de emitir su punto de vista.
Azuero: el problema ecológico y cultural
Lo primero que se debe aclarar sobre el problema, consiste en afirmar que la minería se suma al conjunto de factores que configu­ran la imperfecta incorpora­ción al desarro­llo nacional de la provin­cia santeña. Lo medular de esta integración -que se ha incre­men­tado en la segunda mitad del siglo XX- radica en fomentar un modelo de desarro­llo excluyente.
En efecto, la lucha entre la economía campesina y el sistema capitalista ha promovido cambios de todo orden en Los Santos. Entre ellos se destacan la valoración del recurso tierra, estímulo a la ganadería extensi­va, migración inter­distrital y provincial, deforestación y adulteración de manifesta­ciones folkló­ri­cas. Por el lado amable del cambio social se experimenta la elevación del nivel educativo de la población, mejoramiento del sistema de salud, creci­miento de la red vial y el desarrollo de los medios de comunicación de masas.
En el plano propiamente ecológico, Azuero presenta altos niveles de deforesta­ción, deterioro de las cuencas en donde nacen los principales ríos, manejo inadecuado de los basureros municipales, extracción indiscriminada de cascajo y arena, abuso en la utiliza­ción de agroquímicos y otra serie de obstáculos que gravitan sobre la deteriorada calidad de vida del hombre azuerense.[1]
Para comprender la incidencia de la minería, especial atención debemos dispensar a la naturaleza sociológica de la zona; porque a la hora de "vender" el proyecto minero, el factor cultural adquiere una dimensión no valorada por los defenso­res del aurífero yacimien­to de Cerro Quema. Este imperdonable olvido ha llevado a la empresa a subestimar el poder contesta­ta­rio que subyace en la arraigada identidad cultu­ral del hombre que mora en las faldas de Cerro Quema y Canajagua. Porque, en este caso, estamos ante un istmeño para el que la tierra es parte consustan­cial de su existencia, un ente cul­tural que tiene por norma la consulta, el respeto a sus tradiciones y una acendrada ética del trabajo colectivo que heredó de la tradi­ción hispanoin­dígena de la junta.[2]
Tampoco debemos desconocer que la región de Tonosí (área de influen­cia directa de la mina) guarda en su historia los antece­dentes de dos frustrados intentos de implementar proyectos que han sido traumáti­cos para ese distrito. Tales los casos de la Tonosí Fruit Company y el Desarrollo Rural Integrado del Valle de Tonosí.[3]
La comprensión integral de la cuestión minera en la aludida provincia debe analizarse considerando las secuelas que el "desa­rrollo" ha estimulado en la tierra del Dr. Belisario Porras Barahona y Francisco Samaniego. En este marco el problema minero no es un asunto que podamos desligar del cambio social y cultural que ha vivido la región en lo que va de la presente centuria. Por ello, una mirada retrospectiva a los anteceden­tes de la minería en el área ayudará a ubicar el problema.
La ruta del oro: antecedentes de la minería en Azuero
En la región azuerense el interés por metales preciosos se remonta al período Colonial. Al leer las crónicas de aquella época (Lic. Gaspar de Espinosa) queda plasmada en ellas que el aurífero metal se encontraba en la provincia de "Huera" (probable­men­te Güera); lugar que ubica el cronista "cuatro jornada adelante de la dicha provincia de Guararí". Además, el conquistador español señala la existen­cia de los cacicazgos por él denominados "provin­cias" de Querna (¿ actual Quema?) y Usagaña. Afirma el cronista en su Relación que en la provincia de Usagaña se encontra­ron diez jabas de oro. Dice Espinosa que tenía noti­cias de que en la provincia de Quente se encontraba el cacique Pa­rís.[4]
Como vemos, las informacio­nes históricas confirman la existencia de lo que podemos denominar la "ruta del oro" en Azuero. Es decir, la aurífera caminata de los españoles de hace cinco siglos coincide con la actual zona en donde las empresas mineras intentan estable­cer sus "reales". Observemos que la circuns­cripción administra­tiva, que antaño los españoles denominaron "provin­cias", corres­ponde a los actuales distritos de Tonosí, Macaracas, Los Pozos y Las Minas.
Desde las anotaciones del siglo XVI, hasta finales del siglo XIX, no existen referencias de actividad minera en la región. Sabemos que en el decimonono (1895) un ingeniero de minas inglés arribó a la región. Se trata de Maurice Hooper, quien se establece y casa en la población herrerana de Las Minas. Hooper desarrolló un pequeño proyecto minero del tipo socavón en el actual distrito herrerano. Aún hoy encontra­mos algu­nos vestigios de la llamada mina de El Gallo, acti­vidad que por su magnitud no tuvo implica­cio­nes ecológi­cas. [5]
Un antecedente menos conocido se refiere a la presencia en la región de Quema de un alemán; teutón que el pueblo aún recuerda como Julio Esthuar, quien al parecer extrajo oro por métodos artesanales en la sección del Río Quema que se conoce como Río Abajo. Según declara­ciones de uno de sus nietos, Esthuar era un médico militar que llegó a la zona en el año 1903 y su labor extractiva se extiende hasta su fallecimiento en la década del treinta. La tradición lugareña acertadamente lo ubica en la primera mitad del siglo XX e incluso relata su trágica muerte en las astas de un toro. [6]
En nuestra pesquisa histórica hemos comprobado que durante el período que transcurre desde Hooper hasta la actual década del noventa, la actividad de extracción de minerales se reduce a materiales pétreos (canteras) para la construc­ción de caminos y viviendas, uso de piedras de ríos y arena del mar para las edificaciones; actividad que en los últimos años ha generado un soterrado debate entre ecologistas y empresarios azuereños. Una excepción a ello la encontra­mos en la industria de la caliza; roca sedimentaria cuyo procesamiento industrial se desarro­lló en el Distrito de Tonosí en la década del ochenta (¿1983?).
Los primeros estudios científicos sobre la minería en la región se dan durante la década del sesenta, época cuando una misión científica, con el auspicio de la Naciones Unidas, determinó que en las provincias de Herrera y Los Santos existía alta posibili­dad de explotación de oro, cobre y molibdeno.
Dos décadas después, hacia los años ochenta, la empresa panameña CEMSA (Compañía de Exploración Mineral S.A.) hizo otro tanto y entre 1990-1994 las investigaciones fueron responsabi­lidad de Cyprus Minera de Panamá, una subsidiaria de la Corpora­ción norteamerica Cyprus Amax, con sede en Denver Colora­do.[7]
Recientemente otras empresas de exploración minera incremen­tan sus actividades en el área. Como consecuencia de ello se reali­zan labores de exploración en los distritos de Los Pozos, Las Minas, Macaracas y Tonosí. En este marco, y como productos de la búsqueda del codiciado metal aurífero, una empresa de capital canadiense busca imple­men­tar el proyecto minero de Cerro Quema.
Cerro Quema en la mira de los mineros
Actualmente en Panamá se habla mucho de Cerro Quema, pero pocos pueden ubicar con precisión el lugar de la mina. El accidente geográfico está localiza­do en la Provincia de Los Santos y, como su nombre lo indica, se trata de una elevación situada en la confluen­cia geográfica de tres munici­pios santeños. El cerro es el punto geográfico en donde convergen los distritos de Las Tablas, Macaracas y Tonosí. Cerro Quema se localiza en las faldas que divide el Macizo del Canajagua y la Cordillera Occidental.
La elevación tiene una altitud estimada en 950 metros sobre el nivel del mar. Próximo a él existen dos elevaciones: La Pava y el Quemita. Según los estudios realizados, el yacimiento no se encuen­tra en el Cerro Quema, sino en las otras elevacio­nes citadas; aunque al visitar la zona hasta el más ingenuo corrobo­ra, debido a la estrecha relación entre los tres cerros, que es imposible preser­var incólume el polémico promonto­rio.
En fin, la preocupación por la explotación de Cerro Quema se evidencia al percatarnos que éste forma parte de una impor­tante sección de la región de Azuero. El Cerro Quema está localizado en un área de alta trascen­dencia para los habitantes de las provincias de Herrera y Los Santos; baste recordar que allí nacen los principales ríos de la provincia santeña: El Quema, Estivaná y Oria. Aparte de que en la banda occidental del Quema están los ríos Tonosí y Güera.
El Estado y sus concesiones a Minera Cerro Quema S.A.
La empresa que busca explotar la mina responde a la razón comer­cial de "Minera Cerro Quema S.A."; organización que es subsidiaria de la empresa canadiense Campbell Resource.
Debemos precisar que Minera Cerro Quema S.A. no es la institución comercial que tuvo originalmente bajo su responsabilidad la explora­ción de la zona. Esa labor fue encomendada a Cyprus S.A., quien luego traspasó sus derechos a la empresa actual. Este proce­der es típico de la actividad minera internacional en la que existe una marcada división de labores asociada a la minería. En efecto, no siempre las organiza­ciones que realizan las explora­ciones son las mismas que terminan por explotar los yacimien­tos. Esto último fue lo que ocurrió con el proyecto minero de Cerro Quema.
A la altura del desarrollo del tema aflora una pregunta: ¿ Por qué una empresa canadiense quiere explotar un aurífero yaci­miento en Panamá?. Para dar respuesta generalmente se argumenta que esas empresas deben asumir la explotación, porque el país no cuenta con los recursos económicos y la tecnología necesaria.
Sobre ello podemos decir que tal argumento es una verdad a medias, porque la afirmación no toma en consideración que tales corporaciones acuden a Panamá por el "incentivo" que ofrece el Código Mine­ro; así como por el hecho de que en nuestro país logran burlar fácilmente los controles ecológicos que tendrían que enfrentar en sus países de origen. En el indicado Código encontra­mos tal cantidad de exonera­ciones y beneficios, que para una empresa extranjera resulta altamente beneficioso el establecerse en un país que lo da todo a cambio de nada. Además, mucho influye la actual coyuntura interna­cional en la que se habla de apertura de mercados en el marco de políticas de corte neolibe­ral.
El siguiente es un ejemplo elocuente de la entrega incondicional que hace el Código Minero al capital foráneo. De acuerdo con las disposi­ciones jurídicas del mismo, el Estado panameño sólo tiene derecho al 2% de las ganancias brutas de la empresa. Los munici­pios en donde se establecen las minas, se benefician con el 15% del 2% que recibe el Estado. A ello se añade la posibili­dad de exoneracio­nes de impuesto sobre la renta (superiores al 25%) y de facilidades para introducir maquinarias libres de todo tipo de gravámenes.
Además de lo señalado, otra razón de peso estriba en la vulnera­bilidad estructural de nuestras sociedades. Es decir, Panamá carece del control institu­cional que le permita frenar la depreda­ción ecológica que es tan característica de la minería. A ello se añade que muchas organizaciones ecologistas no son suficien­temente inde­pendientes como para constituirse en obstáculo a la voracidad de las empresas transna­cionales. Todavía más, ni siquiera el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) y el Ministe­rio de Comercio e Industrias (MICI), poseen la infraestruc­tura para dar seguimiento a las implica­cio­nes sociales y ecológicas que se derivan de la minería. Hay más, algunos organis­mos guberna­mentales se vuelven en extremo vulnera­bles al poderío económico de las empresas mineras; habida cuenta de los bajos salarios de los funcio­narios y los evidentes intereses de sectores que se ubican en la cima de la toma de decisiones estatales.[8]
El Frente Santeño y sus razones opositoras
La empresa Minera Cerro Quema S.A. instaló sus toldas en la zona al comenzar la década del noventa. Alrededor de 1992 se dieron los estudios de exploración y de impacto ambiental; en cambio las reacciones populares no se hicieron notar hasta el año 1997 cuando la empresa inicia operaciones y los diversos sectores provincia­les se percatan de la magnitud del proyecto y de las implicaciones ecológi­cas del mismo.[9] En este contexto surge el "Frente Santeño Contra la Minería"; organización de base en la que predominan pequeños agricultores y ganaderos, así como campesinos sin tierra que han recibido apoyo de sectores intelectuales de la región y del resto del país.
El Frente se crea el 18 de abril de 1997 luego de realizar reunio­nes en diversos poblados. En ese intento sobresale el lide­razgo de Secundino Jaén, Arturo Moreno y Pedro Vidal, como las cabezas cumbres del movimiento ecologista santeño. Hasta ahora el mayor mérito del grupo estriba en haber logrado concitar la atención sobre el problema de Cerro Quema y, de paso, estimular la discusión nacional sobre el tema del "desarrollo" minero.
Las razones que esgrime el grupo santeño para oponerse al proyecto son variadas y aquí haremos una exposición de algunas de ellas. Sostiene el Frente lo siguien­te:
a. "La población no ha sido consultada". Aduce el grupo que los principales sectores de la provincia han permanecido al margen de la toma de decisiones. La empresa minera, en alianza con el MICI, impuso a la población el proyecto minero sin entrar en una discusión seria y sincera de las implicaciones ecológicas y sociales del proyecto. Incluso el Estado asignó a Minera Cerro Quema S.A. un globo de terreno de 5,000 hectáreas, por lo que algunos moradores se vieron coacciona­dos a la hora de vender sus heredades a la empresa.
b. "El tipo de explotación minera es el más contaminante". La explotación responde a un sistema extractivo conocido como "mina de cielo abierto". Esta técnica exige eliminar toda la capa vegetal que cubre la zona, triturar 10 millones de toneladas de rocas (sacando una onza de oro por cada 100 toneladas), cavar fosas que tendrían profundidades que podrían superar los 150 metros, construir la tina de lixivia­ción (donde se rocía la roca con cianuro las 24 horas del día).
El Frente sostiene que este procedimien­to no garantiza que la membrana geotérmica (especie de grandes carpetas que separan del suelo las rocas regadas con cianuro y otras sustancias tóxicas), cumplan con la labor a ella encomendada. La experiencia indica que en la mayoría de los casos ocurren roturas en la membrana protecto­ra. Además, el procesa­miento de 10 millones de toneladas de rocas exige un trabajo que se realizará las 24 horas del día, 365 días al año durante un período que fluctúa entre 5 a 10 años.[10]
A todo ello debemos añadir que el material producto de la extrac­ción minera genera un proceso que se conoce como "drenaje ácido de minas". Esto significa que el indicado material de desecho contiene canti­dades de sulfuro que al entrar en contacto con el aire y agua produce ácido sulfúrico. Según los especialistas el ácido promueve daños ambientales que se prolongan muchos años después que la mina ha sido cerrada.
Valorando estas razones el Frente estima que los riesgos de la minería son muy altos y podrían poner en peligro a amplias zonas geográficas de la región de Azuero y, en especial, de la región tonosieña.
c. "Los beneficios económicos son pírricos". Como hemos apuntado arriba, mientras la empresa se apropia del 98% de las ganancias brutas, el Estado recibe el 2% restante y los municipios el 15% del 2% que correspon­de al Estado. En otras palabras, por cada B/100.00, el Estado recibe B/ 2.00 y los municipios el equivalente a B/ 0.30 centésimos. Pero como quiera que el 15% debe distribuirse entre tres municipios, a cada uno de ellos le corresponde B/0.10 centési­mos. Es decir, mientras por cada B/100.00 la empresa se ga­na B/98.00, cada distrito santeño recibirá B/ 0.10 centésimos.
Ante estos hechos Minera Cerro Quema argumenta que la minería generará una gran empleomanía. Según informaciones de la empresa ésta contribui­rá con 149 puestos de trabajo que tendrán un efecto multiplicador sobre la economía regional.[11] En este punto convie­ne recordar que el habitante de la zona no tiene experiencia en labores mineras, ni la califica­ción técnica necesaria para devengar salarios jugosos. Lo que significa que el santeño tendrá que laborar como trabajador no calificado y en las actividades de más alto riesgo (en la llamada tina de lixiviación, por ejemplo). Aparte de que un proyecto minero como Cerro Quema no logra compensar y pone en peligro una inversión agropecua­ria que supera los B/200 millones en el Valle de Tonosí.
ch. "Los daños ecológicos son cuantiosos". La naturaleza de la explotación exige el desmonte de toda la capa fértil de la zona. Ya han sido taladas decenas de hectáreas de montes, destruida la Quebrada Chontal, contaminado con sedimenta­ción el cauce del Río Quema, sometidos a alto riesgo los animales (entre otros los monos y aves existentes) y las fuentes de aguas que abastecen a la región de Azuero.
Como hemos explicado en otro momento, el agua es un recurso vital para la provincia santeña. Con la instalación de la mina el problema de la tala indiscrimi­na­da de árboles se agudiza al establecer en la serranía del Canajagua un proyecto tan contaminante como el aludido. Para la ecología y economía regional sería devastador que se contaminara con sustancias tóxicas, producto de la minería, la cuenca hidrográfica del Canajagua.
d. "El país no cuenta con la tecnología ni con los recursos económicos para la explotación". Carecien­do el Estado de tecnolo­gía apropiada y de recursos económicos propios, es poco menos que irrisorio que éste se empeñe en explotar una mina a cielo abierto -con todos los riesgos que ello implica- sabiendo que la explotación de Cerro Quema es un mal negocio. Porque además de que el Estado casi no obtendrá nada por el oro, la mina atenta contra la economía de una importante región interiorana y afecta la calidad de vida del hombre que vive en la provincia santeña.
e. "La mina está próxima a la más importante falla geológica de Azuero". En efecto, muy próximo al proyecto -entre Macaracas y Llano de Piedra, a escasos kilómetros de Cerro Quema - encontramos una falla de alta peligro­sidad. Existen registros de temblores que alcanzan los 6 grados en la escala Richter. Todo ello muy cercano a un proyecto minero que se caracterizará por el uso de tinas de lixiviación a cientos de metros sobre el nivel del mar.
Las razones previas son algunos de los argumentos que el Frente presenta para oponerse al desarrollo de la minería en la Península de Azuero. La problemática se torna aún más candente, al considerar que en la vecina provincia herrerana están en fase de explora­ción los probables yacimientos de Los Pozos ( La Pitaloza ) y Las Minas ( El Castillo). La última muy próxima a la Reserva de El Montuoso; sitio en donde nacen ríos tan importantes como La Villa, Suay y otros.
El poder económico minero y estatal contra Cerro Quema
En el caso de Cerro Quema se vive una lucha desigual. Podríamos resumirla diciendo que expresa el encuentro entre la fuerza de la razón vs la razón de la fuerza. Por un lado está (la razón de la fuerza) el poderío económico de Minera Cerro Quema S.A., en alian­za con el MICI y su mayor personero ( El Ministro Raúl Arango Gasteazo­ro). Del otro lado del espectro encontramos (la fuerza de la razón) a amplios sectores de pequeños y medianos agricultores y ganade­ros, así como de campesinos sin tierra.
La postura del MICI se resume en argumentos del tipo: "Hay que respetar el contrato minero" y "Tenemos que proteger la inversión extranjera". Por su parte Minera Cerro Quema S.A, señala que reúne las condiciones técnicas que evitarán la contaminación. [12]
A su vez el Frente Santeño Contra la Minería aglutina al contin­gente de población que asume las consecuencias de defender lo derechos de la colectividad. Su técnica de lucha ha consistido en realizar mítines (La Llana, Tonosí, Río Quema, Las Tablas y el Cruce a Sabanagrande), denuncia a través de los medios de comunica­ción y participación en foros regionales y nacionales (conferen-cias en centros educativos, asociaciones cívicas, televi­so­ras, etc.).
Podemos señalar que el Frente desarrolla una lucha de carácter pacífica; a diferencia del gobierno que en los últimos tiempos ha hecho gala de su represivo aparato de "control de multitudes". Así, por ejemplo, el 17 y 18 de septiembre el grupo experimentó la más brutal represión que recuerda la historia del movimiento popular santeño. En efecto, el 17 de septiembre, luego de que algunos miembros del Frente se opusieron a la introducción de equipo pesado para labores en la mina, fueron arrestados siete (7) miembros de la organización, incluyendo al Presidente del Frente, Sr. Secundino Jaén. Al día siguiente, en una manifesta­ción pacífica, un grupo de antimotines reprimió a niños, mujeres, ancianos y activis­tas. Producto de esa refriega se arrestaron a diecinueve (19) miembros de la organiza­ción; ecologistas que fueron liberados pocas horas después debido a la presión popular en el Valle de Tonosí. Más recientemente, el 29 de noviembre de 1997, desconocidos incen­diaron la residen­cia del dirigente Secundino Jaén.
Con anterioridad a estos sucesos, en algunas ocasiones el ministro Arango se ha presentado en la zona; proceder que se explica por la propia dinámica que los ecologistas santeños le imprimen a su movimiento. Es más, el MICI, luego de una concentra­ción en La Llana de Tonosí, se vio forzado a suspender por cuatro meses el proyecto minero. Proceder al que antecede la sanción a la empresa minera por sedimentar el cauce del Río Quema y contaminarlo con diesel.[13]
Así las cosas, es fácil comprender que la suspensión a la que aludimos en párrafos precedentes, fue una mera escaramuza del gobierno para no asumir la postura que le corresponde en cumpli­miento del Régimen Ecológico al que se refiere la Constitu­ción Nacional. Hay más, incluso el Presidente de la Repúbli­ca se ha visto precisado a manifestarse en carta que dirigió al Frente. Todo ello luego de un memorial que la organización santeña le remitiera al mandatario (con alrededor de 5,000 firmas) y que acompañó de una misiva en la que explica las razones de su oposición. [14]
Conclusiones
El caso de Cerro Quema y la lucha contra la minería reviste un hondo significado para el movimiento popular en Panamá. Podemos decir que se produce en una coyuntura histórica caracterizada por la imple­mentación de políticas fondomo­neta­ristas. En ese marco la actividad minera es una expresión concreta de la voracidad del capital foráneo y de sus repercusiones sobre la vulnerable estructu­ra económica nacional.
No demanda mucho esfuerzo comprender que la protesta de los sante­ños trasciende la mera lucha de hombres apegados al terruño. Lo peculiar de ella radica en surgir en una provincia que, al decir de algunos estudiosos panameños, es proclive a posturas ideológi­cas conservadoras. Tanto más significativo si el movimiento reviste un carácter ecologista y de respeto a la tierra; hecho que parece con­tradicto­rio en una provincia que hasta hace poco era vista como sinónimo de degradación ecológica.
Sin embargo, debemos cuidarnos de emitir juicios apresurados. La anterior afirmación hay que tomarla con mucha reserva, porque la paradoja sólo es aparencial. Según nuestro punto de vista, el movimiento popular santeño demuestra cómo, dentro del sistema social azuerense, se cuece una mayor toma de concien­cia producto de los desajustes que en la actual centuria ha experi­men­tado la aludida sociedad peninsular.
Además, estimamos que el éxito y simpatías que despierta el Frente Santeño Con­tra la Minería nace de la propia composición y representatividad popular del movimiento: pequeños propietarios, campesinos sin tierra, agricul­tores, profesionales y ganaderos.
En otro orden de ideas, Cerro Quema ha puesto en evidencia hasta dónde los personeros gubernamentales y los empresarios mineros están dispues­tos a llegar en su intento de coadyuvar en la implemen­tación del modelo económico de corte neoliberal. Pensamos que la renuencia guberna­mental a aceptar las justas reclamaciones de los santeños se explica en parte por el temor a poner en peligro su proyecto nacional de "desarro­llo" minero. Porque no se trata de que no se hayan dado los canales propicios para "resolver" el problema, sino que los intereses económicos que se parapetan tras el "respeto a la inversión extranje­ra" temen un efecto multiplica­dor de los sucesos de Los Santos.
El panameño tiene en Cerro Quema otra muestra de la irraciona­lidad económica del sistema social imperante. Un modelo que coloca entre paréntesis la naturaleza humana y opta por la degradación del medio ambiente. En Cerro Quema estamos ante empresarios empeñados en hacer viable la mina, aunque para ello los santeños tengan que ser someti­dos a la insensa­tez de imponerles un proyecto que la población rechaza. Oposición, que a propósito, no nace del temor santeño a cambiar "estilos de vida", sino de haber experi­mentado las secuelas del problema ecológico y, en consecuen­cia, desear asu­mir el protago­nismo históri­co que les compete.
Finalmente, valorando lo acontecido en Cerro Quema, podemos arri­bar a las siguientes conclusiones:
1. La empresa minera y el gobierno buscan implementar un proyecto minero desconociendo la idiosincrasia regional. Esta se distingue por un alto concepto de identidad cultural, apego a la tierra y una larga experiencia de trabajo colectivo (la junta).
2. Minera Cerro Quema S.A. ha dado muestras evidentes de su incapacidad administrativa y de su inconsulto proceder para con la comunidad.
3. Un análisis de costo-beneficio demuestra que las ganancias son mínimas comparadas con los riesgos ecológicos y económicos a que es sometida la actividad agropecuaria y la vida misma.
4. El desarrollo de la minería en una zona con evidentes problemas ecológicos (que el gobierno panameño ha tratado de paliar en lo que va del siglo XX), demuestra la incoherencia que subyace en las políticas estatales. Es decir, el Estado le reprocha a la población la tala indiscrimi­nada, mientras él promueve un proyecto contami­nante y deforestador.
5. Los riesgos que asume el gobierno a la hora de imponer el proyecto son muy altos. En este punto la empresa minera y el gobierno no deberían subesti­mar la capacidad de respuesta del santeño. El método represivo y el dilatar las respuestas que la población espera, son actitudes con­traproducentes.
6. Todo indica que se impone el cierre definitivo de la mina, así como el promover una redefinición de las políticas estatales en la región de Azuero.
Los panameños debemos aprender de los errores. Lo acontecido en la provincia santeña debería ser un hito a partir del cual lograr plantearnos la importan­cia de hacer de la consulta con el pueblo una norma de proceder político. Los hechos también demues­tran que los resabios del centralismo bogotano aún cabalgan alegremente sobre los campos interioranos. Y, algo mucho más trascendente, confirma que los orejanos se cansa­ron de ser meros espectadores y están aprendiendo a luchar por sus derechos humanos y ecológicos.


CITAS

[1]. Consultar del autor: "Agro y capitalismo en Los Santos", en REVISTA ANTATAURA # 1, Chitré: Impresora Crisol S.A., 1987, págs. 39-66. Además: "La costa y la montaña en el desarrollo de Azuero", en Agora y Totuma, Año 3, # 49, 6/I/94. Igualmente: "Problemas ecológicos de Azuero"; en AGORA Y TOTUMA, Año 6, 30/IV/97.

[2]. Debido a que el proyecto minero se pretende implementar en la Provincia de Los Santos y, específicamente en Tonosí, para la comprensión del morador que habita en ese distrito santeño recomenda­mos la lectura de los siguientes libros: 1/. Heckadon Moreno, Stanley. CUANDO SE ACABAN LOS MONTES (Los campesinos sante­ños y la colonización de Tonosí). Panamá: Eupan/Smithsonian Tropical Research, 1983, 172 págs. 2/. Valdés, Isidoro. HISTORIA DE TONOSI. Panamá: Grupo Jorsal S.A., 1995, 132 págs. 3/. Franco, Raquel Muñoz de. VIVEN­CIAS Y POEMAS. Panamá: Editorial n/e, 1996, 211 págs.

[3]. La Tonosí Fruit Company se estableció en esa zona santeña y retuvo 40,000 hectáreas desde la década del veinte (1924) hasta 1950. Es decir, la compañía frutera se posesionó de la tercera parte de la superficie total del distrito santeño, lo que equivale a decir que retuvo el 90% de las mejores tierras municipales. El proyecto fracasó, entre otros factores, por la caída de los precios del banano a finales de la década del veinte. Mayores detalles sobre el tópico se obtienen consultando el trabajo de Stanley Heckadon Moreno (CUANDO DE ACABAN LOS MONTES, Capítulo III); ensayo que recoge las angustias de los campesinos santeños en aquella época y en donde se describe magistralmente la economía campesina tonosieña de aquellas calendas.
Sobre el problema suscitado por el Proyecto de Desarrollo Integral del Valle de Tonosí (en el que se registró la muerte de un guardia) ver del autor: "El agro y la política estatal en Los Santos. Período 1950-1970”; en REVISTA ANTATAURA # 2. Chitré: Impresora Crisol S.A., 1988, pág. 40-66
[4]. Ver Araúz, Reina Torres de. NATA PREHISPANICO. Panamá: Imprenta Universitaria, 1972, 140 págs. Igualmente confrontar: Velarde B., Oscar. EL CACICAZGO DE ANTATAURA. Las Tablas: Editorial no especificado, 1993, 52 págs.

[5]. Consultar Hooper Domínguez, Luis Alberto. "Remembranzas familiares, Nuevas informaciones sobre Ofelia Hooper Polo"; en AGORA Y TOTUMA, Año 4, # 75, 15/II/95. Algunos detalles aparecen en el artículo periodístico de Hooper Domínguez: "Santa Bárbara Bendita...Santa Patrona de Las Minas de Herrera"; en EL SIGLO, 2 de diciembre de 1997, pág. 6.

[6]. La versión corresponde a Adriano Esthuar (48 años), nieto del "minero", quien cree que su pariente murió en el año 1933.

[7]. Algunos de los datos proceden de: Salazar, Carlos E.. "Reporte de actividades comunales de Proyecto Cerro Quema"; en Geo-eco (Boletín trimestral), s/f, pág. 12.

[8]. Para una mayor información sobre facilidades a la empresa recomendamos confrontar el Contrato # 20 de 13 de febrero de 1997 que aparece en la Gaceta Oficial del miércoles 26 de febrero de 1997, pág. 8 a 12.

[9]. Según la Dirección General de Registro Público la empresa Minera Cerro Quema S.A. fue registrada el 27 de junio de 1994. Sus directores son John O. Kachmar, Paul J. Ireland y Lorna D. Macgillivray. La representación legal la ejerce George J. Simchuk y su agente residente corresponde a Benedetti & Benedetti. Los dignatarios se detallan así: John O. Kachmar (Presidente), Paul J. Ireland (Vice-Presidente y Finanzas), Lorna D. Macgillivray (Vice-Presidente), no consta (tesorero), Alida Benedetti (Secretario) y Lorna D. Macgillivray (Sub-Secretaria).

[10]. Detalles sobre el procedimiento técnico de las minas a cielo abierto pueden consultarse en los siguientes documentos: Defensa Ambiental. "La industria más sucia. Aproximación a los riesgos ambientales y a algunos de los problemas sociales asociados con las actividades mineras en Panamá ". Panamá, 11 de julio de 1997, 10 págs. Puede leerse, igualmente, la crítica al Estudio de Impacto Ambiental que elaboró el Dr. Mark Chernaik (científico y abogado independiente de Estados Unidos de América), así como el Dr. Glenn Miller (Especialista en Geología y Minas de la Universidad de Nevada). Ver al respecto. CEALP. Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero de Cerro Quema, Panamá, en fotocopias, 25 págs.

[11]. No existe un consenso sobre la cantidad de empleos directos que generaría la explotación de la mina. Las cifras van desde 130 empleos ( Ver Salazar Carlos. op. cit. pág. 13), hasta 275 puestos de trabajo a los que se refiere el Ministro Arango ( Ver El Panamá América, 8/VIII/97, pág. F.8).

[12]. Ver "Contrato minero debe respetarse"; en LA PRENSA, 7 de septiembre de 1997, pág. 5. y "Explican que Cerro Quema no afectará medio ambiente"; en EL PANAMA AMERICA, 21 de agosto de 1997, pág. A.2

[13]. Según Resolución # 97-45 del 11 de junio de 1997 que emitiera el Ministerio de Comercio e Industrias.

[14]. Para una completa cronología de lo hechos consultar los diversos comunicados del Frente Santeño Contra la Minería. Los detalles de la carta del Frente al Presidente de la República pueden confrontarse en: "Carta del Presidente al Frente Santeño"; en La Prensa, 24 de octubre de 1997, pág. 7A. La respuesta de la organización santeña al Presidente aparece en: "Frente Santeño contesta: Carta abierta al Presidente"; en La Prensa, domingo 26 de octubre de 1997, pág. 8A.

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