Han pasado veinte años de oposición al
proyecto minero de cerro Quema. Durante ese largo período de tiempo diversas
organizaciones regionales han expresado su rechazo al engendro minero. Y la
época también ha servido para dejar constancia de las diversas violaciones del
contrato pactado, así como del deprecio por el futuro regional. Desde los
tiempos del presidente Ernesto Pérez Balladares hasta la administración actual,
los gobiernos han mirado para otro lado y se han hecho los desentendidos. En cambio,
sacan a relucir los socorridos y manidos argumentos del “acatamiento al
contrato con el Estado”, “la generación de empleo” y “el respeto a la inversión
extranjera”. Incluso los más osados y cínicos han comentado, en tono
ceremonioso y de sabihondos, que el país no puede vivir en la pobreza acostado
sobre una riqueza que le pertenece; pero olvidando convenientemente que el 98%
de la ganancia bruta, se queda en manos de extranjeros e istmeños genuflexos,
para que continuemos siendo un país rico con gente pobre.
Hace poco venció el contrato que
autoriza la explotación de cerro Quema (centauro bravío de la sierra santeña) y
la empresa minera solicita que se le concedan veinte años más, como si las dos
décadas precedentes no fueron suficiente para sus tropelías empresariales y de
destrucción ambiental. Como si ya hubiésemos olvidado que sus locales fueron la
cárcel en la que encerró a los santeños durante la brutal represión del año
1997.
Hay que recordar que la empresa ha sido
varias veces vendida y otras tantas se ha anunciado el inicio de operaciones,
acaso porque con dicho proceso se incrementan las ganancias en la bolsa de
valores de Canadá. Mientras tanto el hombre peninsular tiene que lidiar con la
depredación de la zona, poner en riesgo el abastecimiento de agua (no pocos
ríos nacen en el área donde está el proyecto), admitir la destrucción de su
patrimonio natural y soportar las veleidades de quien pregona el respeto al
medio ambiente, mientras socava no sólo la tierra, sino el modelo de desarrollo
regional en su dimensión social, cultural y económica.
No hay argumento válido para renovar el
contrato y someter a la región a veinte años más de tensiones, cantos de sirena
y de amenaza ambiental. Existe un secretismo sobre la aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), el mismo que un consultor extranjero desmenuzó y
criticó hasta en la propia redacción del documento. Es una pena que MIAMBIENTE
no diga nada y en cambio felicite a la empresa porque los apoyó para sembrar
arbolitos. Dar las gracias a quien se apoderó de 15 mil hectáreas en el macizo
del Canajagua, equivale a desproteger el ambiente, dar a espalda al azuerense y
felicitar al mayor latifundista y confeso geófago que recuerde la historia
peninsular.
Los
santeños y panameños no podemos consentir que se continúe destruyendo y
regalando los recursos naturales, luego de los desastres de Petaquilla y otros
desatinos mineros. En especial en esta coyuntura cuando la rapiña se ha
apoderado del país, la corrupción es tan común como la venta de carimañola y el
país decente retrocede, mientras campea la indecencia política. No hay vuelta
de hoja, el proyecto minero de cerro Quema debe ser clausurado, rechazado el
EIA y negada la prórroga que vendría a constituirse en otra vergüenza nacional.
Lo que se impone es dar la cara a la región y acompañarle en su ya penosa
crucifixión ambiental.
La
región del Canajagua y Tijera, tiene que ser respetada, honrada por su contribución
al desarrollo nacional y bajo ninguna circunstancia convertida en cloaca
minera. Es de hipócritas desarrollar campañas ambientales y llamar a la
conciencia ecológica mientras se siembran minas a cielo abierto en la tierra de
Ofelia Hooper Polo y Belisario Porras Barahona. El fututo de Los Santos y
Herrera no está en venta, ni la miseria minera de Cerro Quema ha de
constituirse en parte de nuestro proyecto colectivo de vida.
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